Poco margen de maniobra legal le queda al Consistorio más que abonar la indemnización, como el propio concejal reconoció, y poner medidas para frenar la contaminación acústica en la terminal de autocares. El coordinador general de Hacienda, Carlos Rubio, ya ha ordenado el pago de 584.888 euros a los dos demandantes, uno de ellos ya fallecido y que en este caso irá a manos de sus herederos. «Entendemos que es desmesurado», reiteró Romero sobre el dinero que tendrán que abonar a las dos familias afectadas por el traslado de la estación a la zona norte de Marbella.
Sobre los avances para revertir la situación, asumió que es responsabilidad de la administración municipal paliar el ruido. «Nadie niega que pueda dar molestias a terceros y desde que conocimos lo que pasaba, no de ahora sino desde la primera sentencia, hemos planteado todas las medidas posibles para minimizar el daño», apuntó el portavoz del equipo de gobierno. Eso incluye que la nueva empresa que se hará cargo de la gestión de la terminal en el concurso público que se convocará en los próximos meses tendrá que adoptar medidas en este sentido, aunque no adelantó ninguna de ellas.
De lo que no hay planes es de un posible traslado de la estación de autobuses a una zona alejada de las viviendas. «El Plan General no fue redactado por este equipo de gobierno y es el que determina la ubicación de esta infraestructura. A día de hoy el traslado no dependería solo del Ayuntamiento sino de más administraciones así que vamos a tratar de ir haciendo la casa por los cimientos; arreglar la situación en la medida que podamos», concluyó.