Fuente: DiarioSur | Francisco Jiménez

Puerto Marina quiere tomar el testigo de Torre del Mar en su cruzada contra el ruido. Una treintena de residentes en la principal zona de ocio de la Costa del Sol acaba de dar el primer paso para llevar al Ayuntamiento de Benalmádena a los tribunales. Para ello, han contratado incluso los servicios del abogado que llevó el caso de los 18 vecinos de El Copo a los que el Tribunal Supremo dio la razón en julio de 2008 condenando al Consistorio de Vélez-Málaga a indemnizarles con 156.000 euros cada uno, la mayor sanción de España por exceso de decibelios.
El pasado día 16 de febrero, el letrado presentó en el Ayuntamiento una reclamación administrativa previa -primer requisito para poder ejercer acciones contra cualquier Administración Pública- en nombre de 31 vecinos en el que, amparándose en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, solicitan que se adopten «los acuerdos y medidas necesarias e inmediatas para evitar las perturbaciones por ruidos no aceptables y la contaminación acústica».
El documento iba acompañado de un completo dossier con los poderes generales de los afectados, las numerosas reclamaciones que durante los últimos años se han presentado en las distintas administraciones públicas, así como informes médicos, escritos del Defensor del Pueblo Andaluz y mediciones de los niveles de ruido, como el efectuado por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta la noche del miércoles 18 de agosto de 2010 en las que se alcanzaron los 68 decibelios ponderados en A (corrección que se aplica al nivel de presión del sonido eliminando parte de las las bajas y muy altas frecuencias para acercarse más a la realidad auditiva), superando el límite de inmisión (ruido que se recibe en el interior de un recinto) fijado en 64,6 para esta situación concreta.
Cierre y más control

En el escrito, los vecinos reclaman el cierre de los locales que incumplan la normativa vigente sobre ruidos; el de aquéllos con puertas y ventanas abiertas o con altavoces en el exterior; y los que carezcan de licencia municipal o contravengan y excedan su actividad del permiso que pudieran disponer. Asimismo, también exigen el cumplimiento de los horarios de cierre, además de un mayor control para que las molestias por ruidos y vibraciones no superen los límites legales.
Una vez presentada la reclamación, la Administración municipal tiene dos meses de plazo para dar una respuesta. De no producirse o ser desestimada, los afectados estarán en disposición de formular la correspondiente demanda judicial por la vía de lo contencioso-administrativo. «No nos conformamos con un mero compromiso. Llevamos muchos años escuchando buenas palabras por parte de los distintos alcaldes que han pasado por Benalmádena sin que se dé una solución definitiva, así que lo que queremos son respuestas ya», afirma Milagros Alonso, la persona que encabeza esta reivindicación popular como representante del resto de afectados. Más crítico con el Ayuntamiento se muestra Francisco Ruiz, otro de los impulsores. «El propio Defensor del Pueblo Andaluz reconoce textualmente que las repetidas quejas y denuncias vecinales ‘no han sido atendidas en modo efectivo y eficaz por la Administración municipal’; y es que el Ayuntamiento conoce sobradamente el problema, pero no actúa», recalca.
Además, esta plataforma ciudadana también defiende un enfoque más comercial a Puerto Marina, «con menos discotecas y más negocios que le den una mayor vida durante el día y no sólo por la noche», recalca Alonso, residente de Pueblo Marinero durante los últimos seis años.

Escrito por

Oficina de Ingeniería Acústica, domótica y telecomunicaciones

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